“La justicia es implacable
con los que no tienen guita
y sólo queda resistir.
La vida en la periferia, cruel,
siempre abre una herida,
tú fuiste su cicatriz”.

Ismael Serrano, “Elegía”.

Mussolini y Stalin sonríen en sus tumbas. Están alborozados, pues después de tanto tiempo un gobernador de una provincia argentina (Buenos Aires) impulsa un proyecto de código contravencional que recoge muchas de sus ideas de sesgo totalitario y peligrosista.
Decía Tomás Jofré, a principios del siglo pasado, que en ningún país culto se ha legislado sobre faltas como lo hemos hecho nosotros, y agregaba que la policía -por lo arbitrario de sus poderes- constituye una seria amenaza de las garantías individuales; sin dudas, si el ilustre codificador volviera a la vida se sorprendería de la involución operada en la materia después de un siglo. Es que se trata de un proyecto que colisiona en muchas de sus disposiciones con el bloque constitucional y puede generar responsabilidad internacional al contradecir convenciones y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se violan principios tales como los de legalidad, máxima taxatividad legal, culpabilidad, lesividad, imparcialidad, defensa en juicio, presunción de inocencia; se prevén penas sin conducta.
Causa vergüenza ajena que este esperpento autoritario sea gestado por un gobierno elegido por el pueblo y proveniente de un movimiento del campo popular, al punto que en comparación, el actual vetusto código de faltas dictado por un gobierno de facto no resulta tan malo como creíamos. Dada su pésima técnica y sus groseros errores no parece redactado por juristas sino por oscuros burócratas, en dirección a la administrativización del derecho penal contravencional. En efecto, hay figuras que ya son delitos, otras están contempladas en leyes especiales, y se introducen algunas rayanas con el absurdo kafkiano.
Se otorgan inusitadas facultades policiales para detener a cualquier persona, con desmesurada amplitud en virtud de circunstancias sujetas a la discrecional apreciación del funcionario y se castigan conductas de nula o nimia entidad ofensiva con penas exorbitantes.
Es falso lo afirmado por el señor ministro de seguridad en cuanto a que es necesario este instrumento para que “la policía recupere la calle”. Si la fuerza policial no controla la vía pública en algunos sectores no es por falta de leyes, que existen y le otorgan suficientes facultades para prevenir y reprimir el delito cuando razones de necesidad y urgencia no permitan contar con autorizaciones judiciales, sino que las falencias se deben -según creemos- a tres factores: a) falta de capacitación y entrenamiento adecuado; b) carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos, y c) corrupción.
El poder político parece haber perdido la brújula y en lugar de atacar a las mafias que manejan decenas de mercados ilegales que generan violencia, la circulación de armas en el mercado negro, el tráfico de drogas, la corrupción policial y otras cuestiones centrales, apunta los cañones del aparato estatal en una “intolerancia selectiva”, invirtiendo dinero que no tiene, en perseguir cuida-coches, mendigos, linyeras que duermen en plazas, pegatinas de carteles, “escrachadores”, bebedores de alcohol, muchachones que juegan a la pelota, etc. Llama la atención que se hayan olvidado de reprimir a esos sujetos tan peligrosos, verdaderos exponentes de la criminalidad organizada, como son los “limpia-vidrios”. Asimismo, se propone reprimir la protesta social, pues considera infracción perturbar un acto político o reunirse tumultuosa y ruidosamente. Y se llega a la desmesura nunca vista, en algunas figuras, de castigar a alguien sólo por estar en el lugar aunque no haga nada, por lo que si uno pasa cerca de una pelea o suceso similar convendría apurar el paso y no mostrarse curioso, pues puede marchar preso.
Resulta paradigmática la novedosa (¿novedosa?) figura del merodeador que reprime al “que merodeare o permaneciere sin causa justificada en las inmediaciones de un inmueble, de un vehículo o de un establecimiento de cualquier naturaleza en forma susceptible de causar alarma o inquietud a sus propietarios, ocupantes, encargados, vecinos o transeúntes, todo ello mediando requerimiento o denuncia de parte”.
Bien decía Bertolt Brecht que nada se parece más a un fascista que un burgués asustado, y entonces es probable que una normativa como la propuesta pueda merecer el apoyo de los sectores sociales más favorecidos, conocedores -por experiencia- de la selectividad policial que sólo atrapa a los sectores marginales más vulnerables. Sin embargo, esta normativa según el talante y el humor del funcionario policial o de las directivas que reciba del poder político, permitirá interceptar (y detener hasta por doce horas) a cualquier persona, incluso a jovencitos a partir de los 14 años. En efecto, estimado lector que posee instrucción, trabajo y un salario digno, para evitar ser detenido deberá cuidarse de jugar un picado de futbol en el parque porque está prohibido si con ello molesta a otras personas, y ni piense luego en cruzar al mercadito y tomarse una cerveza en la vereda para matizar el comentario del partido; tampoco se le ocurra concurrir con sus vecinos a reclamar tumultuosamente a la municipalidad por la falta de agua o por la frecuencia de los colectivos, o ponerse a “cacerolear” al grito de “seguridad” y “justicia” o “viva el campo”; preste atención porque si su perro muerde a un transeúnte ya no le bastará pagar una multa sino que deberá cumplir arresto; si un amigo finalmente obtuvo su título universitario o decidió dejar la soltería, no se le ocurra tirarle huevos o despojarlo de sus ropas.
Como las arcas provinciales están vacías, por ahora la competencia se asigna a la justicia de paz y correccional. Sin embargo, se crea una costosa burocracia y establecimientos de detención que deberán ser solventados por los municipios. Es que la instrucción y juzgamiento de las faltas se asignan a un denominado “juez contravencional” que no es un verdadero juez sino un funcionario administrativo designado por el Gobernador con participación (?) de los municipios. Este seudo juez no es inamovible sino que dura cinco años en sus funciones por lo que se afecta su independencia y en consecuencia su imparcialidad. Nos preguntamos: ¿por qué no asignar la competencia a quienes ya se ocupan de estas cuestiones (jueces de paz y correccionales)?, ¿acaso se busca que los seudo jueces sigan mansamente los lineamientos del poder político provincial y municipal?, ¿se tuvo en cuenta que estos funcionarios administrativos no pueden declarar inconstitucionalidades precisamente porque no son jueces del poder judicial? Corresponde destacar que estos funcionarios tendrán facultades para disponer allanamientos, secuestros, detenciones, clausuras, decomisos y aplicar sanciones pecuniarias y penas privativas de libertad que pueden extenderse por varios meses (más que muchos delitos y sin que se admita la pena en suspenso). Asimismo, el recurso de apelación ante la Cámara Penal no suspende la ejecución de la condena.
En definitiva, el proyecto comentado se trata de un esperpento absurdo y costoso en términos económicos y de libertades individuales. Posee un sesgo irracional y autoritario incompatible con un Estado Constitucional de Derecho, y está influenciado por la corriente del neoconservadurismo norteamericano de la seudo doctrina “marketinera” de la “ventana rota”. Permitirá un aumento del abuso policial y dará oportunidad para una nueva caja de recaudación ilegal.
Además no servirá en absoluto para combatir la inseguridad ciudadana, como no sirvió aumentar las penas de los delitos, restringir las excarcelaciones, generando una superpoblación carcelaria que ronda el 64 por ciento, ni hacer juicios de flagrancia más rápidos para condenar por delitos menores. Es que para hacer retroceder el delito grave, además de las tareas de inteligencia para atacar los mercados de la criminalidad organizada y otras acciones de ese tenor, es necesario hacer avanzar decididamente los derechos sociales, económicos y culturales.
Creemos que los legisladores provinciales tienen ante sí una enorme responsabilidad, debiendo optar entre desechar el malhadado proyecto evitando dañar al Estado de Derecho, o por el contrario, consagrar un sistema que lo hiera de gravedad y siente las bases de un estado policial, absurdo, anacrónico y arbitrario, sin obtener los objetivos anunciados por el poder ejecutivo, que -desorientado- alienta el fetichismo normativo y sólo irradia fuegos de artificio en dirección de la demagogia punitiva actualmente en boga.

José Luis Ares es juez en lo Correccional, profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal (UNS) y profesor de postgrado.