Ante declaraciones públicas del dr. Marcelo Ciccola, en referencia a la crítica del suscripto al proyectado código contravencional impulsado por el gobierno provincial como herramienta imprescindible para luchar contra la inseguridad, creo necesario responder algunas cuestiones.
I. Dijo el citado concejal que hay veces que la realidad social prima sobre las garantías constitucionales y que se necesita más mano dura y más restricción a los derechos individuales. Realmente sorprendente, pues supongo que como funcionario público habrá jurado por la misma Constitución que el suscripto, y si a su juicio éstas reglas supremas constituyen un mero adorno o un molesto adefesio, podría impulsar la tortura, la pena de muerte, la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia, campos de concentración para alojar a los sospechosos de siempre, pasar la topadora sobre las villas, poner muros como se intentó en San Isidro, y escuadrones de la muerte. Ello, claro, porque las necesidades de la realidad (quizá tamizadas por el “sano sentimiento del pueblo” interpretado por una vanguardia esclarecida) se impondrían sobre la Ley Fundamental.
II. En cuanto a mi referencia a la corrupción policial y a lo peligroso que resulta el inusitado poder que se pretende otorgar, el doctor Ciccola dice que injurio y descalifico a la policía y que tendría que denunciarlo. Debo decir que -como resulta mi obligación dada mi condición de funcionario público- cada vez que he tomado conocimiento de irregularidades cometidas por funcionarios policiales y posibles delitos de acción pública, lo he comunicado no sólo al fiscal de turno sino también al ministro de seguridad. También he destacado las buenas tareas de otros funcionarios y he condenado infinidad de veces en virtud de sus dichos y sus aportes probatorios.
Pero no sólo he denunciado a policías que presuntamente habían violado la ley sino que también he condenado a varios, luego de un juicio llevado en legal forma.
Si nuestro crítico no conoce el serio problema de la corrupción policial debe ser que vive en una campana de cristal, pues su propio gobierno expulsa un policía cada 48 horas; hasta hace unos meses los exonerados por la gestión Stornelli ascendían a alrededor de 800 (ver diario Clarín del 16/08/09).
III. En relación a los problemas de capacitación del personal policial ello me consta porque he sido profesor de la Escuela de Policía que funcionaba en esta ciudad y dada la escasa carga horaria, en unos pocos meses de dictado del curso se hacía imposible transmitir la información jurídica mínima e indispensable para que los aspirantes salieran a la calle con una preparación adecuada para la importante misión que los aguardaba. Ello también se advierte cotidianamente cuando prestan declaración como testigos en los juicios y al ser interrogados, muchos no conocen suficientemente lo que pueden y lo que no pueden hacer en el marco legal; a veces se “daña” la prueba y ello se paga en moneda de impunidad. Siempre creí que la función policial es sumamente trascendente y merece la mayor atención, debiendo brindarse capacitación de excelencia, recursos materiales y tecnológicos y salarios dignos a las personas que deben defendernos arriesgando su vida.
IV. En cuanto a que debería aportar soluciones y no quedarme en la crítica, debo señalar que lejos estoy de ser un experto en seguridad ni debo serlo. Sólo soy un juez penal que, simplificando en exceso las cosas, resulta el tercero imparcial que condena cuando el fiscal trae prueba suficiente y, en caso contrario, absuelve. También enseño a los futuros abogados y a los graduados que desean especializarse, los principios y reglas del debido proceso en clave constitucional. No obstante ello, he sostenido en muchos artículos, que por lo visto el doctor Ciccola no ha leído, que se debe atacar fuertemente, en el marco de la legalidad, al crimen organizado, las decenas de mercados ilegales y la corrupción oficial; y en paralelo es necesario una fenomenal y sistemática acción social para evitar que los jóvenes ingresen a la senda del delito, a la vez que atender el serio problema de las adicciones.
Cuando algún legislador, del partido que fuere, me ha consultado he brindado mi parecer aportando mi experiencia de 23 años en la justicia penal y mis estudios teóricos. También brindé mi opinión, como vocero del fuero correccional de este departamento, cuando el ministro de justicia nos consultó en la última gran reforma procesal. Sucede que en este caso el proyecto de código contravencional fue sorpresivo e inconsulto y dado el tenor del mismo motivó el firme rechazo de numerosos juristas e instituciones. Y las críticas no habrán sido caprichosas desde el momento que varias cuestiones fueron modificadas en el proyecto que finalmente el poder ejecutivo enviara a la legislatura. Si se me consultara respecto a esta materia, gustoso daría mi parecer y hasta trabajaría ad honorem en un anteproyecto.
Reitero que un instrumento como el propuesto -costoso en términos de libertades individuales- no cumplirá los objetivos trazados y fracasará estrepitosamente, como lo hicieron la elevación de las penas y la desmesurada prisionización.
V. Finalmente debo decir que mal que le pese al señor concejal, y mientras tanto los señores periodistas estén dispuestos a transmitir mis ideas, sin creerme dueño de la verdad, seguiré ejerciendo la libertad de expresión, de opinión y de crítica que me asisten como ciudadano en temas de mi incumbencia, tratando de dar una visión constitucional, distinta al discurso único de la demagogia punitiva, y en plena libertad, pues afortunadamente carezco de jefes que me indiquen lo que tengo que decir y cuando hacerlo.

José Luis Ares es juez en lo Correccional, profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal (UNS) y profesor de postgrado.
Nota de la Redacción: sugerimos la lectura de “Todos somos contraventores”, publicada en la edición 315 de EcoDias (https://www.ecodias.com.ar/notas/vernota.asp?NN=6119).