Quienes
hacemos posible el trabajo del Equipo Nizkor y Radio Nizkor deseamos, un vez
más, que el nuevo año 2012 sea un año en el que la justicia, las libertades
civiles y los derechos económicos se fortalezcan.
Como advertimos, desde 2008, la crisis económica internacional se ha
profundizado, habiéndose incrementado en todo el mundo las cifras de población
desocupada. Este panorama desolador influye en que la pobreza y la exclusión aumenten
en muy diversos países si bien con un denominador común: la renuncia de los
estados a las políticas que protejan a los más débiles.
La deflación de salarios y de los ingresos de la población menos favorecida
golpea a millones de personas. La especulación en los mercados de futuros que
afecta a las materias primas alimenticias llega al extremo de que sólo el 2 por
ciento de los contratos acaban en un suministro real de materias primas, siendo
la causa fundamental de la inflación de precios de los alimentos.
Este hecho ha tenido repercusiones en los países del norte de África donde,
como consecuencia del aumento en los precios de los alimentos, entre otras
causas, se han producido revoluciones que han derrocado dictaduras, pero
también han provocado un avance del integrismo religioso islamista financiado
por monarquías absolutas y reaccionarias como las de Qatar y Arabia Saudita y
con el apoyo militar de la OTAN y los Estados Unidos.
Mientras, más de 12 millones de personas están inmersas en una hambruna en el
Cuerno de África, ante lo que el Director General de la FAO ha declarado que
«los efectos combinados de sequía, inflación y conflicto han creado una
situación catastrófica que requiere con urgencia la ayuda internacional
masiva.» El organismo de la ONU solicitó 120 millones de dólares
estadounidenses para responder a la sequía en el Cuerno de África con ayuda
agrícola de emergencia…, poco más del precio de cada uno de los
aproximadamente 100 misiles crucero usados por los Estados Unidos para atacar
Libia y un porcentaje despreciable de lo gastado por la OTAN en Afganistán y
Libia. En comparación con hambrunas anteriores, la situación de Somalia es
similar o peor a las sucedidas en Níger (en 2005), Etiopía (2001), Sudán (1998)
y en la propia Somalia (1992).
En Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue disuelto en
2011. Esta organización, dependiente jerárquicamente del Presidente de la
República, a través del G-3 (nomenclatura estandarizada de los departamentos o
secciones de contrainteligencia), llevó a cabo la ejecución de un plan para
perseguir a organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y
magistrados de las Altas Cortes.
Los últimos directores del DAS han sido procesados y varios de ellos condenados
al haberse podido probar su participación en la organización criminal que
cometió los delitos. Este caso debe servir para que se comprenda el
funcionamiento de este tipo de modelos de control político social, los cuales
pueden ser desarrollados en cualquier país, incluso en aquéllos que tienen
sistemas democráticos estables. Es, a nuestro entender, la primera vez que se
llega a probar en sede judicial el funcionamiento práctico de un sistema de
contrainteligencia utilizado para inducir, destruir, perseguir y neutralizar a
movimientos, organizaciones sociales y jueces.
La denuncia por «crímenes contra la humanidad» contra el ex
presidente Uribe Vélez, en cuya elaboración el Equipo Nizkor ha tenido una
participación importante, ha continuado su trámite procesal y, en un hecho
inesperado, la Comisión del Congreso encargada del análisis de la misma
consideró que existían indicios suficientes de delito para que continuara su
investigación.
La publicación de un artículo en el Washington Post con la colaboración de
nuestra representante en Colombia, Claudia Julieta Duque, en el que se
denunciaba la colaboración estadounidense en abusos cometidos en Colombia,
provocó una airada respuesta del ex Presidente Álvaro Uribe, la cual, dada la
gravedad de la situación creada, fue analizada en detalle por Radio Nizkor.
A finales de diciembre y después de años de procedimiento, ocho funcionarios
fueron procesados por su presunta responsabilidad en el caso de «tortura
psicológica agravada» contra la corresponsal de Radio Nizkor y periodista
de investigación Claudia Julieta Duque entre 2003 y 2005. Entre los procesados
se encuentra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, acusado del
homicidio del periodista Jaime Garzón y el ex Director del DAS, Jorge Noguera.
En Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), a la cual
representamos legalmente y asesoramos desde 2006, consiguió poner término al
conflicto que mantenía con las petroleras más importantes que operaban en su
TCO (Territorio Comunitario de Origen). A dicho acuerdo, el primero de esta
naturaleza en América Latina, se llegó el 1 de octubre de 2010 en Santa Cruz de
la Sierra entre altos representantes de Repsol Bolivia S.A. y Bristish Gas
(BP), por un lado, y representantes jurídicos de la APG IG, contando con el
acuerdo posterior de E&P, representante de British Petroleum. El Acuerdo
fue firmado ante notario el 29 de diciembre de 2010. Esta negociación pone fin
a un conflicto de larga data entre la APG IG y la multinacional petrolera, el
cual ha durado desde la implantación de las empresas Chevron y Maxus SA en 1997
en el Territorio Comunitario de Origen Itika Guasu, propiedad de la APG IG. Es
un primer paso en la superación de lo que hemos denominado un «modelo de
humillación social».
La Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu anunció que el 11 de marzo de 2011
dio comienzo la actividad financiera del «Fondo de Inversión Itika
Guasu», que cuenta con una inversión de 14,8 millones de dólares y que es
el primer fondo de inversión indígena de América Latina. El Banco do Brasil es
el banco gestor del fondo y presta su asesoramiento financiero a largo plazo,
habiendo sido seleccionado por tener las máximas calificaciones de solvencia
financiera y de seguridad patrimonial.
Estos hechos fueron consolidados jurídicamente al conseguir que, en el marco de
un procedimiento iniciado en 2008, el Tribunal Constitucional de Bolivia
resolviera en una sentencia a favor de la APG IG la cuestión del «derecho
a consulta» y de la propiedad de la TCO Itika Guasu. Esta sentencia, que
beneficia a todas las comunidades indígenas de Bolivia y que debería ser
asumida por el Gobierno como un avance en los derechos indígenas, fue rechazada
de hecho y ha generado un nuevo conflicto con la APG IG, negándose la empresa
estatal YPFB Transporte S.A. y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía a dar
cumplimiento a la misma y habiendo desatado una campaña de acoso y
criminalización en contra de la APG IG, recurriendo para ello a medios de
prensa en una actitud similar a la utilizada en el caso de las comunidades
indígenas del TIPNIS y en un claro retroceso de la política a favor de la
comunidades indígenas por parte de Evo Morales.
El Estado de Excepción internacional consecuencia de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 está caracterizado por una violación sistemática de las
libertades civiles mediante la introducción de medidas de vigilancia y
contrainteligencia masivas que han afectado de manera importante a los
periodistas en todo el mundo.
El último caso de esta caracterización del estado de excepción global ha sido
la promulgación de una aberrante ley antiterrorista por parte del Gobierno
argentino, aprobada con la oposición de la práctica totalidad de los organismos
de derechos humanos de ese país y que es una amenaza no prevista a las
libertades civiles en toda América Latina por provenir de un país que ha
logrado continuar con los juicios por crímenes contra la humanidad perpetrados
durante la última dictadura militar. Estos procedimientos son un ejemplo para
el mundo: a lo largo de 2011 finalizaron 21 juicios en los que fueron juzgados
94 civiles y ex-miembros de las fuerzas de seguridad, de los cuales 69 fueron
condenados por primera vez, 15 ya lo habían sido en otras causas y ocho
quedaron absueltos. De los 269 condenados, 43 tienen condena firme refrendada
por la Corte Suprema de Justicia y aún existen 843 personas procesadas, 449 de
las cuales ya tienen alguna causa elevada a juicio y sobre otras 141 pende
alguna causa en la que la fiscalía pidió la elevación a juicio.
Las libertades civiles están en peligro en todo el mundo como posiblemente no
lo estuvieron nunca después de la Segunda Guerra Mundial y ello debido a que
esta fragilidad va acompañada por una crisis económica global de
características desconocidas históricamente.
En memoria de quienes hicieron frente a la opresión o fueron víctimas de
modelos de control político social, los que no olvidamos, los que recordamos
siempre, debemos continuar con la defensa de la paz con justicia, de las
libertades civiles y de los derechos humanos.

Nota: el editor del Equipo Nizkor es el bahiense Goyo Díaz Dionis.