Si hay algo de lo que saben los políticos, en especial en tiempos preelectorales, es de encuestas de opinión, y éstas dan al tope de las preocupaciones de la población a la inseguridad ciudadana.
Por eso las manifestaciones del señor Intendente Municipal de Bahía Blanca referentes a la Jueza Susana Calcinelli y en relación al terrible y lamentable homicidio de Ricardo Pelayes, deben inscribirse en ese marco; resultan preocupantes y de consecuencias futuras impredecibles.
No puede ignorar el señor Intendente, como hombre de derecho, que los tratados internacionales, que adquirieron jerarquía constitucional por decisión de hombres y mujeres de la política, establecen que toda persona es inocente hasta que una sentencia firme lo condene, y como tal tiene derecho a la excarcelación, lo que también indica la constitución de esta provincia. Tampoco debería ignorar que las normas de la más alta jerarquía mandan que la prisión preventiva no debe ser la regla, sino la excepción y que para mantener detenida a una persona sin condena se requiere establecer objetivamente que existe peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.
Asimismo, no debería ignorar el doctor Breitenstein que -ni desde el prisma de nuestro sistema jurídico ni de una lógica elemental- se puede atribuir a un juez que deja libre a un imputado,  la responsabilidad de otro delito más grave que en el futuro pudiera cometer. Aunque los jueces tuviéramos la bola de cristal y supiéramos que el ladrón de hoy se convertirá mañana en homicida nada podríamos hacer. Los jueces no hacen prevención sino que resuelven respecto a lo ya ocurrido en el caso concreto.
Además, un juez de primera instancia raramente dirá la última palabra en un proceso, sino que a través de los recursos, fiscales, defensores y víctimas pueden llevar el caso a instancias superiores a fin de subsanar posibles errores. Constituye una verdad de Perogrullo que el derecho no es matemática ni los jueces son infalibles y por eso, a veces, en los tribunales colegiados suele haber disidencias.
Dice el señor Intendente que los jueces deben dar la cara y brindar explicaciones de sus decisiones. Las explicaciones están volcadas en cada resolución o sentencia que debe estar motivada fáctica y jurídicamente, por mandato constitucional. Sucede que, a veces, por la premura en la difusión de la noticia, el fallo no se lee con detenimiento o no se entiende por falta de conocimiento técnico. Por otro lado, si el doctor Breitenstein se da una vuelta por los tribunales advertirá que todos los días, sin cámaras ni micrófonos en la mayoría de los casos, los jueces estamos cara a cara con víctimas e imputados, tratando de dar soluciones jurídicas a los conflictos.
La problemática delictiva es una cuestión compleja y con diversas aristas; no se le debe mentir a la gente, no hay soluciones mágicas. Gracias a Blumberg y al gobierno de entonces tenemos uno de los Códigos Penales más duros de Latinoamérica; tuvimos hace unos años en la provincia una normativa excarcelatoria restrictiva hasta el absurdo y la inconstitucionalidad, que duplicó el número de presos y nadie percibió  mejora alguna. Es absurdo hablar peyorativamente de jueces “garantistas” porque el juez que no  respeta las garantías procesales no cumple la constitución, por tanto deshonra su juramento y comete el delito de prevaricato.
Los fallos judiciales se deben difundir, discutir y criticar, pero se ha cruzado una línea en esta ciudad con el escrache en el domicilio de una jueza, práctica que constituye siempre, más allá de la bronca y el dolor, un acto  cobarde de una masa que se guarece en su número y en el anonimato. ¿Es conciente el señor Intendente de las reacciones que pueden generar sus arengas?, ¿asumirá su responsabilidad cuando alguien agreda físicamente a algún funcionario judicial o a su familia?
Me parece deleznable pretender obtener rédito político del dolor y de las lágrimas derramadas por una víctima  inocente de un delito atroz y cobarde; se trata -a mi juicio-  de una actitud oportunista e irresponsable.
A todos nos preocupa la inseguridad y nos perturba la posibilidad de resultar víctimas de delitos violentos, en especial a quienes  carecemos de custodia y no residimos en barrios cerrados con seguridad privada.