Lesa Humanidad - "La Cacha" Derechos Humanos

Fecha: Lunes, 28 Julio, 2014 - 08:12

Horror sin viñetas (nota XIX)

El TOCF1 de La Plata, escuchó el pasado viernes 4 de julio, el testimonio de la perito del Programa de Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, en el marco de la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en el CCDyT “La Cacha”. Así el proceso judicial a cargo de los jueces Rozanski, Jantus y Vega, que tiene 21 imputados entre civiles y uniformados, ingresó en su etapa final. En la audiencia que tuvo lugar el viernes 11 de julio, el tribunal informó que se ampliarán las acusaciones de homicidio a 16 de los 21 imputados, en referencia a dos casos.

En la continuidad de la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad, cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Cacha” de La Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, escuchó la declaración de la directora del Programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingeri quien ejemplificó y explicó cómo son los distintos tipos de documentos encontrados y los alcances de su contenido.
El testimonio de Claudia tuvo lugar el pasado viernes 4 de julio en la sala de la ex Amia, de 4 entre 51 y 53 de la capital provincial; en el marco del juicio que tiene 21 imputados y está llegando a sus instancias finales.

Claudia Bellingeri
Sentada frente al tribunal, Claudia refirió a su trabajo sobre un extenso archivo de la documentación existente en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que fueron desclasificados y son sustento para los procesos judiciales sobre delitos de lesa humanidad. Esos documentos, según contó Claudia, contienen registros de las acciones que desarrollaba la DIPPBA en todo el territorio bonaerense; y la recopilación de información que era intercambiada por otros órganos dedicados a la inteligencia, como el Destacamento de Inteligencia del Ejercito 101 y la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE).
También, hizo referencia que por medio del análisis de la documentación, se pudo dilucidar el rol central que tuvo el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto al funcionamiento de “La Cacha”; ya que el centro clandestino funcionó en el predio del Penal de Olmos y varios de los que cumplieron funciones allí, pertenecían a ese organismo estatal.
“En el funcionamiento de “La Cacha” claramente intervinieron la Armada, el Destacamento de Inteligencia del Ejército 101, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la delegación de la SIDE en La Plata, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense”, sostuvo Claudia; y luego mencionó el trabajo en conjunto que realizaban entre cada órgano de inteligencia de las distintas fuerzas, en el marco del plan sistemático de detención, tortura y exterminio de personas implementado por la última dictadura cívico militar.
Claudia también hizo mención frente al TOCF1, que el Destacamento de Inteligencia 101 de Ejército, remitió una serie de pedidos a la DIPPBA, donde eran solicitados antecedentes, listas de nombres de obreros fabriles que tuvieran militancia; órdenes de captura y datos referidos a domicilios de esas personas. En ese sentido, la declarante dijo que dentro de los nombres que figuraban como firmantes de los pedidos, aparecían Anselmo Pedro Palavezzati, Agustín Arias Duval, quien está fallecido por eso no se encuentra presente en el proceso judicial; Miguel Ángel Amigo y a Gustavo “El Francés” Adolfo Cacivio; entre otros imputados, mencionados como encargados de operativos de secuestro.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo servicio de inteligencia fue creado en 1975, mantuvo contactos con los órganos de inteligencia del resto de las fuerzas según las pruebas documentales encontradas.

Falsos enfrentamientos
En la continuidad de su declaración, Claudia, relató cómo se realizaba la conexión y coordinación entre las fuerzas para llevar a cabo el maquillaje que representaba sostener la teoría de “enfrentamientos” cuando lo que se realizaban eran fusilamientos y asesinatos. Asimismo, explicó que esos “falsos enfrentamientos no tienen registro en los libros de entrada de la DIPPBA, porque los agentes de inteligencia no pasaban parte de ellos”.
Para explicar eso, nombró a Stella Maris Giourgas y Carlos Alberto Weber, como casos puntuales. Ambos estuvieron secuestados en “La Cacha” y luego fueron llevados hasta cerca de Mar del Plata, en donde ellos dos y otra persona resultaron asesinados; también mencionó a Laura Estela Carlotto, hija de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien fue asesinada del mismo modo junto a Carlos Luis Lahitte.
Por último, la perito, sostuvo que “el trabajo que realizaba la DIPPBA era la persecución de personas en referencia a las actividades que realizaban”.

Testimonio de la jornada del 27 de junio
En entrega anterior de “Horror sin viñetas” desarrollamos el testimonio de Daniel Torrillas, uno de los cuatro testigos que prestaron declaración en la jornada del viernes 27 de junio, por medio de una teleconferencia desde Copenhague.
Otro de los testigos sobrevivientes que relató sus vivencias como cautivo en “La Cacha” fue Alberto Omar Diessler, quien fue secuestrado el 19 de abril de 1977 y mencionó en su declaración a Liliana Pizá, entre otras personas.
Alberto antes de ser secuestrado, trabajaba en el taller naval de YPF, desempeñándose como ajustador operario de planta y era estudiante en la Universidad Tecnológica Nacional dónde cursaba el quinto año de Ingeniería Mecánica. Era militante de la Coordinadora Sindical de La Plata, Berisso y Ensenada.
Alberto estuvo secuestrado 72 días estuvo en la planta inferior del lugar lo que le posibilitó tener una vista general del centro clandestino; y gracias a ello pudo estudiar el funcionamiento general de “La Cacha”:

Acusaciones
Según estaba, el viernes 11 se conocería la decisión de los jueces Carlos
Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, integrantes del tribunal, sobre el requerimiento de las querellas de que fueran ampliadas las acusaciones de los 21 imputados, agregando la carátula de homicidio. También comenzó la ronda de indagatoria de los imputados.

El tribunal aceptó el pedido de las querellas, solo en dos casos, los de Olga Noemí Casado y Laura Estela Carlotto; que alcanza a 16 de los 21 imputados. La votación fue en fallo dividido; los jueces Jantus y Vega votaron a favor de que solo en esos dos casos, pedidos por las querellas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía, se ampliara la acusación a homicidio y no en el resto de los casos que contempla el juicio.
En ese sentido, el presidente del tribunal Carlos Rozasnki, votó en disidencia de sus colegas, adhiriendo a los casos de Olga Noemí Casado y Laura Cartlotto, pero al contrario de el voto negativo de Jantus y Vega sobre la ampliación total de la acusación sobre todos los casos pedidos por las querellas, su voto era a favor de todos los requerimientos.
A la hora de argumentar cada una de las posiciones adoptada por los miembros del tribunal, se plantearon dos posturas disimiles, en cuanto a la visión de lo que representa un proceso de justicia dónde se juzgan hechos ocurridos en el marco de un genocidio.
 El primero de los jueces en tomar la palabra fue Pablo Vega, quien detalló los argumentos en los cuales se basó la decisión de ampliar la carátula de los imputados; Héctor Raúl “Oso” Acuña, Miguel Ángel Amigo, Roberto Balmaceda, Rufino Batala, Gustavo Adolfo “El Francés” Cacivio; Jorga Héctor Di Pascuale, Raúl Ricardo Espinoza, Ricardo Armando Fernández; Claudio Raúl Grande, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor, Hidalgo Garzón, Isaac Crespín Miranda, Anselmo Pedro Palavezzati, Luis Orlando Perea; Carlos María Romero Pavón y uno de los civiles imputados, Jaime Lamón Smart.
En referencia a cada caso, Vega sostuvo que “las querellas hicieron un esfuerzo por ampliar la acusación pero que no ofrecieron elementos novedosos para agravar los mismos sucesos por los que se acusa a los imputados, asegurando que no cumplen con el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación.
Por otra parte, Carlos Rozanski dio argumentos basados en consecuencia con la historia y no tanto referidos solo a lo estrictamente legal; en ese sentido, el titular del TOCF1 argumentó que éstos juicios son muy particulares por los delitos cometidos, la cantidad de víctimas; el hecho de haberse perpetuado en el marco de un genocidio y que tuvieron lugar hace 37 años atrás. Todas esas condiciones ponen a prueba el sistema de leyes, por lo qué, indico el juez, “no pueden verse e interpretarse de manera cerrada y hermética, puede ocasionar situaciones injustas”.
En el mismo sentido, Ronzanski sostuvo que “negar la ampliación por los homicidios en este contexto implica seccionar esa unidad y retrotraer la investigación a etapas anteriores. Esto además lleva indefectiblemente a la revictimización intolerable de testigos y víctimas y genera una demora incomprensible que puede verse como una estrategia para sostener la impunidad”; y también, argumentó que se debe interpretar el art. 381 de una forma “amplia y armónica con las convenciones que forman parte del sistema judicial argentino, que termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano máximo de nuestro sistema judicial”.
Antes de finalizar su argumentación, en referencia a su voto, el magistrado mencionó el primer fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Velásquez Rodríguez Vs. Honduras: afirmando que el Estado tiene el compromiso de investigar de forma seria y aplicar la sanción de los delitos cometidos contra los derechos humanos; y por esa razón seccionando las investigaciones imposibilitaría e iría en contra de esa tarea.
“Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”.

Olga Noemí Casado
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata informó el 15 de junio de 2012, que en el marco de La Iniciativa Latinoamericana por la Identifica e Mayo, fueron identificados los restos de Olga Noemí Casado, desaparecida en 1977 en Dock Sud y vista en los centros clandestinos “Puesto Vasco” y “La Cacha”. Olga era enfermera, tenía 19 años y militaba en Montoneros y estaba embarazada de siete meses. En cautiverio tuvo a su hija, identificada por Abuelas en 2008. Los restos fueron exhumados del cementerio de Avellaneda e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Laura Carlotto
El 25 de agosto de 1978, los militares entregaron el cadáver de su hija a Estela de Carlotto. Laura fue asesinada luego de estar cautiva en “La Cacha” y tener a su bebé, que hoy es buscado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Autor: Redacción EcoDias