Verdad y Justicia Derechos Humanos

Fecha: Lunes, 23 Julio, 2012 - 05:13

Félix Crous en Bahía Blanca

Como viene informando EcoDias, el juicio que se sigue en nuestra ciudad contra diecisiete represores acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad durante la última dictadura bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército se encamina hacia una histórica sentencia. En el banquillo de los acusados se encuentran once militares retirados, seis miembros de la Policía Federal Argentina y dos ex directores de la Unidad Penal 4 del Servicio Penitenciario. Como corolario del proceso judicial, y también como punto central luego del trabajo de años en la materia, el martes 26 comenzaron a exponer su alegato los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolín.
Pocos días antes visitó la ciudad el fiscal federal Félix Crous, quien se desempeña en la Procuración General de la Nación teniendo a su cargo la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.
“Nosotros estamos complacidos de que este primer gran juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía esté llegando a su fin”, dijo Crous en rueda de prensa, al comenzar a referirse a sus impresiones en torno al acontecer bahiense en la materia.
“El Ministerio Público está adentro, y con mucha expectativa sobre la finalización de este juicio, y estamos tratando de acompañar y dar todo el apoyo que sea necesario en esta tarea que es tan importante”, agregó. En referencia a la etapa de alegatos, indicó que “son la conclusión de todo el trabajo del juicio, donde se juega de alguna manera la posición institucional del Ministerio Público en la acusación”.
“Todo indica que la sentencia será un hito. Esta es una jurisdicción con muchas complejidades, y donde la represión también se desplegó de un modo brutal, si es que es posible agregarle más brutalidad a la represión que hubo en todo el país. Y ha sido un salto paradigmático que se realicen juicios. Los primeros juicios de cada jurisdicción siempre abren una puerta para que esta tarea sea más sencilla. Y romper ese inmovilismo previo, sobre todo frente a un primer gran juicio como es éste, es un momento muy importante”, reflexionó.

De aquí en más
Consultado sobre cómo puede influir en el desarrollo presente y futuro de la sociedad argentina el camino de justicia que empieza a abrirse, Crous marcó que “todo proceso de Verdad y Justicia es saludable para la vida democrática de cualquier sociedad. Hay que pensar seriamente qué grandes valores se han puesto en movimiento en nuestra sociedad, cuando quienes reclamaron justicia sin cesar durante un cuarto de siglo van consiguiéndola, y las instituciones crujen pero responden y a su vez se depuran”.
Puntualmente, en el caso de Bahía Blanca y la región, “es bien conocido que ésta es una jurisdicción donde las Fuerzas Armadas tienen una presencia muy grande, por su emplazamiento y las características de la sociedad y porque muchos de los actores del poder están muy involucrados con la dictadura. Es la única ciudad de toda la República Argentina donde el principal medio de comunicación (refiriéndose al diario La Nueva Provincia) hace una defensa cerril del Terrorismo de Estado. Esto no se ve en ningún lugar del mundo, creo. Pero seguro que en Argentina no. Entonces, estas son particularidades que la singularizan y le dan todavía más importancia a vencer esas resistencias tan poderosas con actos estatales formales de justicia como es la finalización de un juicio”.
Respecto de la campaña mediática contra el fiscal Córdoba que emprendieron el diario naval La Nueva Provincia y su satélite ideológico La Brújula24, opinó que “forma parte de los embates que reciben los juicios de los sectores que se sienten inquietos, perturbados, por el avance del proceso de Verdad y Justicia. Es previsible que estas cosas sucedan. En cada lugar se expresan con las herramientas que para perturbar tienen en cada uno estos sectores afines con la dictadura. En este sentido, nosotros consideramos que no deja ser inquietante y molesto, pero forma parte de las contingencias propias de los avances que se van realizando: cuando se va tocando a los involucrados en los crímenes de la dictadura, esos mismos sectores o sus afines reaccionan y lo hacen con las herramientas que tienen. Si tienen medios de comunicación, lo hacen desde ese lugar”.

Nuevos tiempos para la Justicia
La caída de las leyes de impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín puso al Poder Judicial ante la necesidad de aggiornarse a los nuevos tiempos. Como ha quedado probado en el caso bahiense -donde un camarista federal formó parte de los servicios de inteligencia del Ejército o donde resultaron famosas las dilaciones del ahora ex magistrado Alcindo Álvarez Canale-, la Justicia se ha encontrado con una nueva realidad, ante la cual muchas veces tuvo respuestas ambiguas.
Sobre este punto, el fiscal Crous indicó que el Poder Judicial “ha evolucionado en la medida en que se han renovado parte de sus cuadros. Y también creo que muchas personas de buena fe que han hecho su carrera judicial en el microclima del ghetto forense, se han asomado a una realidad que realmente la tenían distorsionada o desconocida. Y personajes de los que no teníamos muchas expectativas en su desempeño, finalmente lo han hecho de un modo plausible. Pero, en general, lo que ha sucedido como bueno, es que muchos jueces y funcionarios afines a la dictadura o que hicieron su carrera judicial durante la dictadura se han corrido de los juicios al cabo de un tiempo, cuando ya no pudieron sostener más la protección que les daban a los acusados por crímenes de lesa humanidad, o quizá no se sentían moralmente en condiciones de castigar a sus viejos camaradas”.
En este sentido, EcoDias preguntó a Crous sobre su visión respecto de la figura del ex juez Álvarez Canale. “No lo conozco personalmente. Sé que fue muy complejo, durante un buen tiempo, litigar para la tarea del Ministerio Público en la persecución penal y que las tareas de índole policial muy delicadas, como las capturas, fueron manejadas de un modo muy singular que francamente podían conspirar contra su éxito”, marcó.
“Pero también es cierto que no ha sido sencillo en ningún lado. De manera que debemos pensar en la oportunidad que significa, ahora, el nombramiento de un juez con convicciones más modernas”, agregó.

Participación civil
En sus tareas de investigación, un punto que viene desarrollando el fiscal Abel Córdoba se vincula con la participación de civiles en la represión clandestina de la última dictadura. En este sentido, vale reseñar su pedido de allanamiento sobre los archivos del diario La Nueva Provincia. O su avance en la imputación a los abogados Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes durante la segunda mitad de la década del ’70 se desempeñaron como secretarios del fuero penal en el Juzgado Federal entonces a cargo de Guillermo Federico Madueño. Tanto La Nueva Provincia como el mencionado Juzgado demostraron ser patas periodísticas y judiciales, respectivamente, del engranaje del Terrorismo de Estado que en nuestra ciudad y la zona tuvo como brazo ejecutor al V Cuerpo de Ejército.
La búsqueda de un avance sobre estos sectores “es un escenario que se repite. Por supuesto, cada localidad tiene sus propias particularidades. Y va apareciendo en este momento, y con toda lógica, la demanda reprimida de justicia, que era tan grande que lo primero con lo que se avanza es con lo que se tiene más a mano: básicamente, fue con las causas truncas de la década del ’80”.
Pese a ello, no debe perderse de vista que “la dictadura fue una dictadura, ni siquiera hay que decir ‘complicidad civil’, ni ‘dictadura cívico militar’: fue una dictadura que persiguió ciertos objetivos y ejecutó la violencia con las herramientas que tiene, que son las Fuerzas Armadas. De manera que es absolutamente natural que los sectores que alentaron, propiciaron, dieron la base ideológica a la dictadura y se beneficiaron con ella, empiecen ahora a ser pasibles de investigación, porque las historias de la dictadura son historias que los involucran”. Entre ellos, mencionó a actores empresariales y educativos a los que se agrega, por supuesto, la jerarquía eclesiástica.
Sobre estos sectores “se está avanzando. Desde ya: a un ritmo más lento que el que la ansiedad de todos los que estamos en esto querría. Pero se avanza. Y se debe seguir avanzando. La posibilidad la da el deber: toda persona que haya cometido una infracción tiene que ser investigada y castigada”.
Otro aspecto de suma importancia a la hora de profundizar la investigación sobre la participación civil en el Terrorismo de Estado lo constituye la acción de aquellas personas que formaron parte de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. En 2010, y como respuesta a un decreto presidencial que se lo ordenaba, el Ejército Argentino desclasificó un listado de su Personal Civil de Inteligencia (PCI) que incluía a todos aquellos agentes que prestaron servicios entre 1976 y 1983. En el caso puntual de Bahía Blanca, el listado guardaba los nombres del camarista federal y docente universitario Néstor Luis Montezanti y el juez de faltas Ricardo Germani.
La lista divulgada por el Ejército “es una fuente muy importante, y forma parte de lo menos conocido del sistema nervioso central de la represión. Digamos que es el desafío que le sigue a este trabajo: desentrañar aquellos aspectos de la represión que fueron de planificación y ejecución estratégica y con el máximo resguardo. Es decir, los actores menos visibles pero que intervinieron en la gestión más determinante de la represión: las redes de inteligencia, el acervo de la información reunida y su análisis fueron el motor de la represión”.

Qué es la Procuración General de la Nación
En muchas oportunidades, la composición o el funcionamiento de los distintos actores que constituyen los Poderes del Estado resultan desconocidos para el ciudadano de a pie. Por ello, EcoDias pidió al fiscal federal Félix Crous que, en primera persona y desde el ejercicio de su función, explique a sus lectores el organigrama a partir del cual se constituye la Procuración General de la Nación.
“Es el organismo que conduce al Ministerio Público Fiscal de la Nación, que a su vez es una institución extrapoder, una suerte de cuarto Poder. Viene tradicionalmente del riñón del Poder Judicial pero ya no lo integra, sino que representa, según dice la Constitución, a la legalidad y el interés general de la sociedad. Podemos entender que es el interés en todos aquellos asuntos que afectan o atañen al colectivo de la comunidad”, subrayó.
“Dentro del seno del Ministerio Público Fiscal, la Procuración es el órgano de conducción, una superestructura. El Ministerio Público Fiscal tiene una rama mayoritaria que es la más visible y quizá la más importante: la rama penal. El Procurador General de la Nación es el jefe de todos los fiscales, entre ellos los penales federales”, puntualizó.
“Hay una organización interna de coordinación y conducción, en la que están las Unidades de Derechos Humanos, que nacieron al calor de la reapertura de los juicios por un tema de gestión. Entre ellas, hay dos grandes unidades. Una, de Coordinación y Seguimiento, que hace una tarea de intercomunicación, planificación de políticas de persecución, provisión de criterios, materiales y documentos de trabajo y seguimiento de los juicios. Y una Unidad de Apoyo, que es la que conduzco, que es de intervención directa en los juicios. Está concentrada hasta este momento en el I Cuerpo de Ejército. Ahora volveremos a desplegarla al resto de las jurisdicciones del país, en la medida en que evaluemos que es necesario alentar o apoyar la tarea”, concluyó.

Autor: Redacción EcoDias