Mejoramiento habitacional Economía social

Fecha: Lunes, 19 Diciembre, 2011 - 18:19

En camino hacia la política pública municipal



El día 13 de octubre, luego de muchas semanas de idas y vueltas, de reuniones e intercambios, se concretó finalmente un paso importante en el largo camino de comunidades barriales y organizaciones sociales en el trabajo por una vivienda digna.
Si bien pasó desapercibido, ese día el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza 15991 de diciembre de 2010. Esa Ordenanza había creado y dado marco legal a un Programa, denominado Banco de Materiales, a través del cual se generaba un fondo de créditos para mejoramiento de viviendas a partir del aporte financiero inicial del Estado Municipal.
La importancia radica en que, de alguna manera, se concretó el anhelo de sectores importantes de la sociedad de que el municipio en tanto Estado se involucre de manera activa en acciones organizadas y perdurables vinculadas al hábitat popular. Dicho de otra de manera, es un paso más para que la práctica de las organizaciones sociales se constituya progresivamente en una política pública.
Desde las organizaciones -Cáritas, Acción Bahiense Comunitaria, Asociación Civil Ser Comunidad- se viene insistiendo largamente en este punto, sobre todo señalando que el déficit habitacional de la ciudad puede reducirse no sólo con la construcción de viviendas nuevas sino proporcionando herramientas accesibles para que los sectores populares, de manera organizada, concreten mejoras progresivas en su vivienda, y por ende en su calidad de vida.

Curvas y contracurvas en el camino
El recorrido se inicia en el año 2000 cuando, desde el entonces Consejo Distrital de Políticas Sociales, Cáritas junto a organizaciones como ABC y la Federación de Sociedades de Fomento formulan y llevan adelante el Programa Construyendo entre todos. Esta constituyó la primera experiencia de fondos rotativos de crédito financiado por fondos públicos (Programa de Desarrollo Local, del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, Subprograma “Desarrollo comunitario”). El mismo fue complementado con un aporte (del 30 por ciento) por parte de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Las organizaciones, con grados de desarrollo, continuidad e impacto diverso, continuaron trabajando en esta línea.
En diciembre de 2007, previo a asumir su cargo, se mantuvo una reunión con quien sería el secretario de Promoción Social municipal. Allí se planteó la importancia de trabajar sobre el déficit habitacional desde una mirada diferente, incorporando la práctica y experiencia barrial de las organizaciones en este sentido. Se puntualizó sobre la experiencia de los Fondos Rotativos de crédito para mejoramiento de viviendas.
Durante los casi cuatro años transcurridos, fueron continuas las gestiones, presentaciones, fundamentaciones y discusiones, con concejales y funcionarios, la mayoría de ellas en el seno de lo que se denominó Subcomisión de Vivienda del CLES (Consejo Local Económico y Social).

Del fondo de emergencia al fondo rotativo de créditos
Para el año 2010, finalmente, el Concejo Deliberante aprueba, en el marco del Presupuesto Municipal 2010, una partida destinada a emergencia habitacional, sin especificaciones ni pautas de ejecución de ningún tipo.
La discusión a partir de allí se centró en la metodología de aplicación de estos fondos que, demás esta decir, es expresión de una concepción política del trabajo en esta temática.
En un inicio la intención fue que el municipio maneje un fondo de emergencia, centralizado en una oficina municipal.
Fue importante y arduo el ejercicio de plantear aspectos no tenidos en cuenta, centrales para las organizaciones. Algunos de ellos eran: la descentralización; la inserción territorial; la participación activa de organizaciones sociales en la toma de decisiones; el acuerdo acerca de los criterios de priorización de la demanda; el trabajo desde el crédito y no desde la ayuda o subsidio; la figura y rol activo de los promotores barriales; la organización comunitaria; la capacitación de todos los actores; el monitoreo y evaluación; la continuidad del financiamiento; la asistencia técnica
Todo el año 2010 transcurrió con el debate de estos aspectos, a los que se sumaron otros de índole más práctica, como la participación del Estado Municipal con sus dependencias y cuadros técnicos, temas administrativos, etc.
El final de ese año nos sorprendió con la legitimación -parcial- de este proceso con la aprobación de una Ordenanza, la 15991/10. En la misma, motorizada desde el Ejecutivo, se daba

carácter de ley al proceso iniciado, pero aún con muchas aristas por pulir.
En los términos de la Ordenanza se establecía claramente la centralidad del Municipio en la gestión y administración del proyecto. Las organizaciones, a partir de la experiencia de trabajo barrial, fueron evaluando este aspecto como una dificultad para el desarrollo de las acciones. Es así que se comenzó a trabajar en una modificación que permitiera y legitimara un manejo descentralizado en lo operativo, contemplando la ejecución diferenciada por organismos municipales (como las Delegaciones) o por organizaciones con experiencia en el tema. A su vez, se planteaba continuar en un trabajo conjunto y articulado, que contemplara aspectos de monitoreo y evaluación permanente.

Deuda pendiente. Concesiones para avanzar.
En el proceso de discusión de los aspectos metodológicos de la implementación hubo un punto crítico. El municipio terminó de clarificar, no con palabras pero sí con hechos, la escasa o nula convicción de trabajar el mejoramiento habitacional a través de un Programa donde la organización comunitaria, la inserción y el trabajo con protagonismo de actores barriales fueran elementos centrales. En este punto las organizaciones hicimos una opción de “mal menor”, decidiendo continuar el camino hacia la financiación de los fondos rotativos y resignando lo que en principio había sido un objetivo importante, es decir, la manera de trabajar los fondos.
De esta manera, se abandonaron las mesas de trabajo y acuerdo sobre metodología para apuntar exclusivamente a la gestión, sobre todo con concejales, de la modificación de la Ordenanza. La consecuencia probable de esta decisión era que los fondos que administrara el municipio terminaran administrándose bajo la lógica del subsidio o la emergencia, dejando de lado una muy buena posibilidad de dar un paso superador en el trabajo sobre la problemática de vivienda.

¿En qué consiste la modificación?
En este punto cabe aclarar que el trabajo con fondos rotativos de crédito para mejora de viviendas es llevado adelante por Cáritas desde hace varios años y en la actualidad en los Barrios Miramar, Bajo Rondeau, Caracol y Stella Maris y en experiencias parroquiales como las de Ntra. Sra. de Luján, La Piedad y Ntra. Sra. de Lourdes, en Bahía Blanca, y en Ntra. Sra. del Carmen de Patagones.
La Ordenanza tal cual estaba formulada, si bien constituía un buen avance, no contemplaba la dinámica particular de las organizaciones comunitarias y barriales para llevar adelante este tipo de trabajo.
Más allá de estas “resignaciones”, la modificación recientemente aprobada permite un manejo administrativo más sencillo y directo, acorde a las posibilidades de las organizaciones y permitiendo el protagonismo de los promotores barriales. El financiamiento tendrá el formato de subsidio a las organizaciones, para la creación o refinanciamiento de Fondos Rotativos.
La subcomisión de Vivienda del CLES funcionará como Autoridad de aplicación del programa y es aquí donde, en adelante, se evaluarán las acciones y se decidirá el destino de los fondos que cada año se presupuesten, considerando también la aplicación a nuevos barrios y la inclusión de nuevas organizaciones.

Autor: Por Área Vivienda, de Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca