Cuando el doctor Hugo Cañón dejó su lugar en la fiscalía de Bahía Blanca que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, quien ocupó ese cargo fue Abel Córdoba que continuó esa labor y luego encabezó justamente el trabajo de la fiscalía en los dos primeros juicios contra represores que se hicieron en Bahía Blanca.
Casi llegando al final de 2014, el doctor Córdoba asumía como fiscal federal de Neuquén y con él habló la gente de Radio Nacional Bahía Blanca para saber más sobre sus nuevas funciones pero también para recoger su opinión respecto a lo que ocurre con el caso Massot en Bahía. Recordamos que finalmente el juez que entendía la causa, Álvaro Coleffi, se apartó de su cargo luego de una denuncia de un secretario respecto a presunta imparcialidad.
Acerca del primero de los temas, su asunción en Neuquén, Córdoba explicó: “Es un paso más importante que a partir de haber cumplido todo el procedimiento de concursos y designación, finalmente juré en el nuevo cargo mi condición de fiscal ante el tribunal oral federal lo cual es, entiendo no ya por mi caso aislado sino por quienes conformamos esta tanda de juramentos, me da la idea, conozco muchos de ellos y creo que es un paso más hacia democratizar las estructuras judiciales dado que ninguno de los que estuvimos asumiendo y que venimos del campo de derechos humanos estamos respaldados por ninguna corporación ni ningún otro componente que el estudio y el trabajo. Me parece que es un buen ejemplo de eso, insisto no ya en mi caso sino desde los que varios asumimos nuevos cargos”.
Córdoba, que antes de hacerse cargo de la fiscalía neuquina estuvo formando parte de los equipos de la Procuración General, señaló que desde allí se siguen con mucha atención los procesos como los llevados a cabo en Bahía Blanca en relación el enjuiciamiento de civiles responsables de Terrorismo de Estado: “Y ahí las últimas noticias que hemos tenido, lo último que hemos conocido, las resoluciones que hemos seguido, obviamente vuelven a encender alertas, vuelve a resurgir la veta más cerrada de la corporación bahiense. Una de las evaluaciones que al cabo de mi trabajo pude hacer allí es que el problema principal, un balance que bien pude hacer, es que el problema principal del avance ahí no es tanto la defensa, no son tanto los imputados sino quienes están a cargo de las decisiones. En su momento fue el juez retirado Álvarez Canale, luego el tribunal oral que hubo que remover y ahora nuevamente lo que supe de la resolución que tomó el juez Coleffi es que nuevamente señala, nuevamente vuelve a aparecer el trazo de la imposibilidad ante posiciones de defensa de los acusados que no tienen mayor efectividad, el último recurso ya son los propios actores judiciales. Es un componente gravísimo y obviamente que marca un alerta institucional sobre la posibilidad de hacer esos juicios o no”.
Córdoba agregó que se ha acumulado cada vez mayor cantidad de pruebas lo cual ha llevado a una mayor presión sobre los funcionarios a cargo de los juzgamientos. “No es un problema de la causa, no es un problema de la claridad de la imputación sino que es un problema de hacia dónde va el sentido de un proceso que quizás en algún momento hubo alguna suposición de que se dirigía solo a algunos responsables. El proceso de juzgamiento tiene que ser amplio, tiene que ser abarcativo de todos los responsables y eso necesariamente pone en el foco del proceso a responsables civiles como es el caso de Vicente Massot, los abogados Girotti y Sierra y tantos más”.
Consultado sobre el juez Santiago Martínez consideró que “su actuación fue variando con el tiempo, primero no tuvo intervención, luego fue gradual su intervención, lo cierto es que las referencias que hace el juez o el ex juez ahora, Coleffi, me parecen de una gravedad inusitada. Yo no conozco otro caso donde alguien que está a cargo de un juzgamiento tenga que llegar a emitir esas palabras para evidenciar una situación de gravedad institucional lo cual me parece que amerita la intervención de otros órganos que determinen si eso ocurrió de ese modo, cuál es la consecuencias que tiene para las víctimas que ven paralizado el proceso. Hoy tenemos un acusado en esa jurisdicción, un acusado como Vicente Massot que no tiene juez y que es más o menos lo previsible en función de la relevancia política que excede obviamente la cuestión probatoria. Me parece que ahí hay, sea Martínez o sea cualquier nombre que sea, hay una situación de gravedad que hay que abordar”.
Para Córdoba no es producto del azar que una de las situaciones procesales más delicadas que se pueda llegar a resolver, no tenga juez.

Entre futuros abogados y chicos torturados
Tomando como eje lo que está ocurriendo en la justicia local cuyo último grave incidente fue el referido al caso Massot, se le preguntó a Córdoba sobre la educación universitaria que reciben los futuros abogados de la UNS de la cual él mismo egresó: “Como tantos otros he egresado de ahí y actualmente, además de mi desempeño en la procuración general, estoy en la dirección de una diplomatura en una universidad del conurbano. Es decir, ahí se contrastan mucho los modelos clásicos donde se replican los esquemas corporativos o esquemas de educación que es difícil englobarla. Hay excelentes profesores pero en lo que hace al nutrir de abogados concretamente para este tipo de trabajo, no ha habido una estrategia de educación o de orientación hacia eso sino que quienes hemos transitado esos lugares yendo muchas veces desde otros lugares ha sido por impulsos o convicciones individuales o convicciones políticas que no tienen que ver tanto con el trato, el contenido de una currícula o de una estrategia dada para formar personas en materia de Derechos Humanos sino por vocaciones individuales”.
En cuanto a su actualidad profesional teniendo en cuenta el trabajo importante que venía haciendo en la procuradora, Córdoba detalló: “Yo hice una solicitud a la procuradora que está a resolución, haciendo una evaluación de la gestión de lo que ha sido hasta el momento en PROCUVIN y poniendo a consideración la decisión que obviamente está en cabeza de la procuradora de seguir en este cargo. A partir de los resultados que hemos tenido, que han sido destacados a nivel nacional e internacional también dado que en algunas ocasiones tenemos hasta asesoramientos o participamos en foros regionales con excelentes resultados y con intercambios donde se destaca los desarrollos dados. Y por otro lado por líneas de trabajo que hay de mediano plazo que es mi intención continuar”.
Antes de concluir la entrevista, se hizo referencia al cierre de parte del Instituto Luis Agote donde se produjo la muerte de un chico: “No son los lugares los que matan a las personas, los objetos inanimados no agreden en si mismos a sus víctimas, a las víctimas de la violencia institucional. Del mismo modo hay una constante sobre todo en la comunicación de hablar de aparición con muerte, si uno ve los titulares de los diarios que reflejan la muerte en las celdas o la muerte en el encierro hablan de “apareció sin vida” siempre. Las personas aparecen muertas, aparecen sin vida cuando hay una trama de violencia institucional muy consolidada que no es solo carcelaria sino que también llega a instituto de menores y por eso hemos tenido una víctima mortal de 17 años nada menos, muerta por un incendio en una celda de castigo que es equivalente a un buzón que las Naciones Unidas han declarado como inhumanas y ha calificado los hechos como tortuosos”.
En ese sentido amplió: “Quien es sometido a esas condiciones, como esta victima, está sometido a torturas. Esto nos da la indicación de todo lo que hay pendiente y del riesgo que corre la vida de una persona cuando es encerrada, cuando es privada de su libertad, tenga 17 años, tenga 20 y en eso los números de muerte nos siguen alertando y por eso algunas de las líneas centrales de nuestro trabajo están orientadas a trabajar con esas variantes.
El caso de la víctima en el Instituto Agote creo que es a la vez una alerta sobre las violaciones de derechos humanos en la población joven o en la niñez que nos parece que tiene una relevancia extra obviamente por el estatus jurídico de alguien que tiene esa edad”.

Autor: Redacción Ecodías